Wertblog

 

Desde que fuera presentada la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que también es conocida como “Ley Wert” (apellido del ministro de Educación, José Ignacio Wert) ha suscitado gran controversia dentro de la comunidad educativa y especialmente ha generado rechazo en aquellas comunidades autónomas no gobernadas por nuestro gobierno actual, es decir, el Partido Popular.

En muchos casos, se argumenta que existe un retroceso en la calidad educativa y además, una invasión de competencias por parte de otras comunidades autónomas.

La ley ha provocado desafección en bastantes sectores de la comunidad educativa, es decir, sindicatos, asociaciones de padres, madres y de alumnos han mostrado sus diferencias respecto a la ley. Según denuncian, la reforma no ha sido ni debatida ni consensuada con ellos.

Hay que tener en cuenta que el mayor coste de implantación de la reforma corre a cargo de las comunidades autónomas. El Gobierno central asume el coste de la implantación de la norma, y las comunidades, el de la fase de consolidación, más larga y costosa.

 

Estos son los cambios claves que supone la LOMCE:

Centralización: más control del Ministerio de Educación

Las comunidades autónomas solo podrán decidir los contenidos y horarios de las asignaturas llamadas específicas (Educación Física, Plástica, Música…) y las de las lenguas cooficiales, en este caso el Euskera. El Gobierno central será quien decida sobre las asignaturas troncales (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias e Idioma Extranjero), es decir, entre el 65 y el 75% de los contenidos

Primacía del castellano frente a otras lenguas cooficiales

El Gobierno estatal determina los contenidos y horas lectivas de la asignatura de Lengua Castellana, que es considerada troncal. En Euskadi, el Euskera es relegado a la condición de materia de especialidad (al mismo nivel que Educación Física) y además se establecen un mínimo de asignaturas a impartir en los dos idiomas eliminando por tanto la inmersión lingüística, presente en Euskadi desde hace más de 30 años.

Eliminación de Selectividad y aparición de pruebas externas

La selectividad desaparece y se establecen varias evaluaciones externas. Es decir, dichos exámenes serán preparados y corregidos fuera del centro y se establecerán pruebas en la ESO y en el Bachillerato que deberán de ser aprobadas para pasar de ciclo. A su vez, las universidades también podrán hacer pruebas acceso. De hecho, eliminada la selectividad, gran parte del peso de la selección de su alumnado correrá a cargo de las universidades.

Tendrán que tener en cuenta su nota de Bachillerato (un 60% como mínimo), las calificaciones obtenidas en las materias de bachillerato relacionadas con lo que quiere estudiar, la formación complementaria, y si tiene estudios relacionados con la carrera que se quiera estudiar. 

Peso de la religión católica

La Educación para la Ciudadanía deja de existir y se establece una alternativa a la Religión: Valores culturales y sociales,  en Primaria; y Valores éticos, en Secundaria.

Para los que opten por la asignatura de Religión, ésta se convierte en una materia de especialidad, contando para la nota media y equiparándose en horas a la media del resto de asignaturas. Se atiende así a una petición histórica de la Iglesia Católica. 

Rankings de centros educativos

Se va a permitir a partir de ahora establecer rankings de centros educativos, que hasta ahora estaban prohibidos para evitar que los colegios compitieran entre sí. 

Segregación del alumnado con derivación en FP

Los alumnos que, según los profesores, no tengan posibilidades de avanzar en la ESO, podrán optar por un nuevo ciclo a los 15 años (Formación Profesional Básica), con lo que el acceso a la FP se adelanta.  No obstante, este primer ciclo no dará acceso directo a la Formación Secundaria, y los alumnos que quieran realizarla deberán pasar un examen.

Todo ello contribuye a una segregación del alumnado, separándose rápido “los buenos de los malos”, lo cual ha sido muy criticado por la comunidad educativa. 

Pérdida de peso del consejo escolar

Las atribuciones del Consejo escolar pasan a ser puramente consultivas, perdiendo así la fuerza que tenían estos  colectivos en la toma de decisiones y organización.

Estas responsabilidades recaerán a partir de ahora en la figura del director y el equipo educativo.

Los directores de centros tendrán que pasar un proceso de formación y deberán ser acreditados aumentándose, de esta forma, el control institucional de los centros, además pudiendo contratar éstos a los profesores.

Condiciones de los funcionarios

Las condiciones laborales del profesorado también cambiarán. La nueva ley se reserva el derecho a cambiar el destino y la función de los funcionarios. Asimismo, se aumenta el horario lectivo del profesorado, lo que ha supuesto la protesta del conjunto de dicho profesorado. Además, el número de alumnos por aula se eleva un 10 %

Centros concertados

Se prolonga el periodo para renovar los conciertos. Además, las administraciones deberán tener en cuenta la “demanda social” a la hora de programar el reparto de plazas, es decir, en el caso de que los padres prefieran llevar a sus hijos a la escuela concertada en vez de a la pública.

Más recursos para la excelencia y especialización

La nueva normativa ofrece mayor autonomía y más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos educativos competitivos tendentes a la especialización, y que luego rindan cuentas sobre ellos con evaluaciones anuales, es decir, se tiende  hacia la “especialización curricular”

 

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